Si eres empleador y discriminas a los beneficiarios de Daca, habrá demanda

LOS ANGELES — Una compañía multinacional de tecnología, con sede en el norte de California, discrimina ilegalmente en el empleo a los “dreamers” y otros inmigrantes que están autorizados para trabajar en Estados Unidos.

El alegato se formaliza a través de una demanda que el Fondo de Educación y Defensa Legal Mexicano-Americana (Maldef) ha presentado en un tribunal federal.

Y esta acción no es la primera de la organización, pues de hecho se están enfocando en las empresas que estan declinando las aplicaciones de los soñadores solo por ese motivo.

La demandante principal es Sandy Vásquez, una inmigrante de 28 años de edad de México, que está autorizada para trabajar en Estados Unidos bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca).

De acuerdo a la demanda, la empresa VMware Inc. se encuentra violando las leyes estatales y federales.

“Para un empleador sofisticado con base en California, violar las prohibiciones claras y explícitas en la ley estatal es absolutamente inexcusable”, dijo Thomas A. Saenz, presidente y consejero general de Maldef.

“VMware debe compensar a todos y cada uno de los inmigrantes que se vieron afectados por sus prácticas descuidadas y discriminatorias”, agrega.

VMware está acusada de violar la Ley Federal de Derechos Civiles de 1866, que prohíbe la discriminación intencional basada en el delito, y la Ley de Procuradores Generales Privados de California (PAGA), que prohíbe las violaciones al código laboral.

La compañía violó una sección del código laboral de California que prohíbe a los empleadores “negarse a cumplir”. . . autorización de trabajo basada en el estado específico o el término de estado que acompaña a la autorización para trabajar.

En enero de 2018, Vásquez, solicitó un puesto como ingeniero de soporte técnico para VMware, una empresa de tecnología con sede en Palo Alto que proporciona software de computación en la nube.

Un reclutador de la compañía se acercó a Vásquez para programar una entrevista y le dijo a Vásquez que ella sería una buena opción para el puesto.

Durante la entrevista, el reclutador le preguntó a Vásquez si era ciudadana. Y el reclutador terminó la entrevista cuando Vásquez respondió que estaba autorizada a trabajar bajo Daca.

El 20 de julio de 2018, Maldef presentó un aviso en nombre de Vásquez, informando a la Agencia de Desarrollo Laboral Laboral de California (LWDA) sobre la intención de Vásquez de demandar.

La LWDA no respondió a la notificación de Vásquez, perfeccionando el derecho de Vásquez a demandar a VMware bajo PAGA.

“No quiero que otros destinatarios de Daca pasen por esto”, dijo Vásquez, quien actualmente está empleada.

“No es fácil obtener Daca, y los empleadores no deberían poder negarnos el derecho a trabajar simplemente porque deciden ignorar que tenemos un permiso de trabajo. Esto socava tanto nuestra capacidad para sobrevivir como la iniciativa Daca”, indicó.

La demanda busca la certificación de una clase de todos los no ciudadanos que fueron autorizados para trabajar en Estados Unidos, incluidos otros beneficiarios de acciones diferidas y del Estatus de Protección Temporal (TPS), entre otros, a quienes se les negó el empleo o se les impidió postularse por VMware después del 30 de enero 2013 debido a su estatus migratorio.

Los alegatos se basan en la política y la práctica de VMware, que se refleja en los requisitos de trabajo publicados anteriormente que dicen: “Debe ser ciudadano de Estados Unidos o tener una visa transferible (H-1B, Green Card, etc.) para aplicar”, dijo la abogada del personal de Maldef, Julia Gómez.

“Es una indicación de una política para no contratar candidatos autorizados por Daca”, agregó.

“La práctica y política de VMware de excluir a los destinatarios de Daca y otras personas calificadas y brillantes con autorización de trabajo es ilegal”, dijo Gómez.

“Además, las acciones de VMware sometieron innecesariamente a estas personas, probablemente a jóvenes estudiantes que se gradúan de la universidad, a problemas emocionales causados por perspectivas de empleo inciertas”, asegura.

Desde el 2017, esta es la quinta demanda presentada por Maldef, que cuestiona las políticas de empleo que discriminan a los beneficiarios de Daca.

Maldef ha presentado demandas colectivas en nombre de destinatarios de Daca a quienes se les negó el empleo en California, Nueva Jersey y Florida.